lunes, enero 24, 2022
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Los cien días del control en tiempos del COVID-19 en Huancavelica

El informe de gestión del control gubernamental en la Emergencia Sanitaria “El control en tiempos de COVID-19” que presentó la Contraloría General reveló que el Perú fue uno de los primeros países de la región en decretar el Estado de Emergencia Sanitaria y disponer un plan de acción para contener la expansión del virus y promover la reactivación económica, destinando al 14 de julio un promedio de S/ 91 000 millones para su implementación.

Para ello, el Estado elaboró un marco normativo que flexibiliza la adquisición de bienes y la contratación de servicios, y dispuso la entrega de bonos y ayudas sociales a sectores vulnerables, por más de S/ 6000 millones, fondos que deberían ser supervisadas para el correcto uso de esos fondos en favor de la población vulnerable.

Es así que la Contraloría General, diseñó la Estrategia Integral de Control a la Emergencia Sanitaria COVID-19 para supervisar a las entidades receptoras de recursos públicos durante la emergencia, y prevenir posibles riesgos de corrupción en la ejecución de los mismos, ya que el 2019 el país perdió más de S/ 23 000 millones, de los cuales, según informó el Contralor Nelson Shack en su visita a Huancavelica, más de S/ 400 millones corresponden a la región.

Frente a estos antecedentes que sufre nuestro país se activó a nivel nacional los equipos de auditoría para supervisar a las entidades públicas y concretar los servicios de control en las modalidades de previo, simultáneo y posterior. A los cien días del acompañamiento del control a la emergencia sanitaria, se emitieron 7482 informes de control, siendo en Huancavelica 219, muchos de los cuales evidencian y alertan sobre distintas deficiencias e irregularidades encontradas.

En esta época de Emergencia Sanitaria, Huancavelica recibió S/ 128 449 451 en los distintos niveles de gobierno, para la atención e implementación de medidas y planes de contingencia, principalmente a lo relacionado al fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los servicios de salud ubicados en la región, y a mitigar los efectos sociales para las poblaciones vulnerables afectadas por la emergencia sanitaria.

Entre los principales resultados del control, tenemos la visita a 69 municipalidades entre provinciales y distritales de Huancavelica, donde se supervisó la distribución de canastas básicas, evidenciándose demora en la adquisición de los víveres, padrón de beneficiarios desactualizado, deficiencias en el almacenamiento y compra de los productos, presunto perjuicio económico por más de S/ 33 mil en la Municipalidad Distrital de Roble (Tayacaja), por incongruencias en los padrones de beneficiarios, entre otros.

También, se alertó sobre la baja ejecución presupuestal del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia, la insuficiente infraestructura, equipamiento biomédico y profesionales médicos para la atención de los pacientes con COVID-19 en los servicios de Emergencia y Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Asimismo, se advirtió la la adquisición irregular de productos médicos, situación que puso en riesgo al personal de salud y la población.

Se verificó, además, las serias deficiencias y carencias en las condiciones técnicas, equipamiento e insumos, en la posta médica del Establecimiento Penitenciario Huancavelica, que perjudicaría una adecuada mitigación y tratamiento a los internos y personal INPE contra el COVID-19, teniendo en cuenta el riesgo de infección debido al hacinamiento en el penal por la limitada capacidad de infraestructura que es para 100 reclusos y actualmente cuenta con 239.

Por otro lado, se alertó que 109 servidores públicos que no se encuentran dentro de la categoría de pobreza y perciben una remuneración bruta que superan los S/ 3000 y S/ 5000 mensuales, habrían recibido canastas de víveres. A nivel nacional, por esta irregularidad, la región se ubica en el noveno lugar.

En el informe de gestión de control gubernamental, también, se dio a conocer que el órgano de control recibió un total de 22 denuncias por presuntas irregularidades en las entidades públicas, de las cuales, 19 fueron concluidas y 3 están en evaluación, siendo en su mayoría por presuntas irregulares en la distribución de canastas básicas, situaciones en el sector salud, entrega de bonos y denuncias sobre adquisiciones públicas.

Ante este panorama se realizará durante el segundo semestre de este año, 28 servicios de control posterior, entre auditorías de cumplimiento y servicios de control específico, en entidades públicas de la región, para determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles y/o penales por presuntos casos de inconducta funcional o irregularidades cometidas por funcionarios públicos.

El control gubernamental en tiempo de normalidad y durante una emergencia es importante porque acompaña a los gestores públicos para identificar y alertar posibles situaciones o deficiencias que ponen en riesgo la finalidad pública, permitiendo oportunamente las medidas correctivas. Por ello, se debe incidir en la necesidad y urgencia que la Contraloría, recupere su capacidad para sancionar administrativamente a los malos funcionarios, para evitar que la sensación de impunidad siga creciendo en la población. El proyecto de ley correspondiente se encuentra en el Congreso cuyo debate y aprobación se encuentra aún pendiente.

La lucha contra la corrupción requiere de un esfuerzo conjunto entre los diversos actores de la sociedad. La necesidad de ejecutar inmediatamente recursos públicos destinados a contener la pandemia también nos ha evidenciado la necesidad de que los distintos niveles de gobierno refuercen prioritariamente las capacidades y competencias de los gestores públicos.

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