viernes, junio 18, 2021
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Keiko Fujimori pretende anular más de 200.000 votos a nivel nacional

Presidenta por la fuerza. El objetivo de los recursos de nulidad es disminuir los votos de Pedro Castillo y que, de esa manera, la ONPE declare que Keiko Fujimori es la ganadora del proceso electoral del 6 de junio. Asesores de Fuerza Popular no mostraron pruebas del plan para afectar las mesas y solo dijeron que en algunos lugares del país “se han llenado las ánforas a su antojo”.Cuando falta contabilizar menos del 0,9% de las actas electorales, los personeros legales de Fuerza Popular y Keiko Fujimori iniciaron la tarde del miércoles, 9 de julio, un enrevesado plan para anular más de 200.000 votos a nivel nacional.

En una conferencia de prensa, acompañada de sus asesores legales Miki Torres y Julio César Castiglioni, Fujimori anunció que pedirán la nulidad de 802 mesas de sufragio, que representan unas 200.000 firmas. En tanto, la información obtenida por La República señala que la meta real son 1.013 mesas con 235.250 votos, a nivel nacional, en especial en las regiones del sur.

Fuentes electorales indicaron que hasta el cierre de esta edición se han presentado recursos de nulidad en Estados Unidos, Lima centro, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Loreto y Pasco.

El pedido de nulidad se realiza sobre actas ya contabilizadas por los centros de cómputo de la ONPE. Es la primera vez en la historia del país en la que un candidato lleva a cabo un plan de esta naturaleza, con el fin de cambiar el resultado del proceso electoral. A estas alturas del conteo de votos de la ONPE, el profesor rural y rondero Pedro Castillo es ya virtual presidente. Él supera a la candidata del fujimorismo por 71.000 votos, con casi todas las actas contabilizadas, a nivel nacional y en el extranjero.

Plan legal

Para poner en marcha su plan, Fujimori contó con el apoyo de abogados junior y practicantes de los más importantes estudios jurídicos del país. Trabajando 48 horas seguidas, en estudios de abogados y hoteles, los juristas se encargaron de revisar las actas ya contabilizadas y escaneadas por la ONPE.

Las nulidades se plantean al amparo del artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones. Esta norma establece la posibilidad de pedir la nulidad de un acta por hechos externos a la mesa de sufragio, como fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación en favor de un candidato.

También cuando los miembros de mesa hayan ejercido violencia o intimidación sobre los electores. De acuerdo con el excongresista Miki Torres los ciudadanos que colaboraron con ellos detectaron un plan de Perú Libre para afectar la voluntad de los electores en la mesa de sufragio.

Fujimori y sus colaboradores no respondieron preguntas de la prensa. Torres no explicó de qué manera Perú Libre logró afectar las elecciones en la mesa. Solo indicó que sus colaboradores detectaron falsificación de firmas de miembros de mesa, falsificación de resultados de mesa, reemplazo de miembros de mesa, miembros de mesa con los dos apellidos iguales, sumas erradas y datos errados o faltantes.

“En las serranías del país han llenado las ánforas a su antojo”, señaló Castiglioni, de nuevo sin indicar la fuente de esa afirmación. Además, sus afirmaciones no solo cuestionan a Perú Libre, sino que ponen en entredicho el papel de la ONPE y las Oficinas Desconcentradas de la ONPE.

Corresponde a la ONPE organizar las mesas de sufragio y el sorteo de los miembros de mesa, por lo que este organismo es el primero cuando se cuestiona a sus integrantes. Había un plazo de tres días para tachar la composición de los miembros de mesa, que en esta oportunidad fueron los mismos de la primera vuelta. Eso ya caducó.

Los pedidos de nulidades se empezaron a presentar ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) en cada región. Los recursos de nulidad son distintos a las impugnaciones de voto en mesa de sufragio y observación de actas durante el conteo de votos.

Los JEE ya están resolviendo las impugnaciones y observaciones de actas. Fuerza Popular tenía hasta este miércoles para presentar las impugnaciones, previo pago de una tasa de 1.100 soles por pedido de nulidad. Si se presentan todas, habrá utilizado entre 880.000 y un millón de soles en su búsqueda de anular los votos favorables a Pedro Castillo. Las “irregularidades” detectadas se hacen en actas en las que Castillo tiene mayoría de los votos.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones, los JEE tendrán tres días para resolver. La decisión que tomen podrá ser apelada ante el JNE, que tendrá la última palabra. Estos recursos de nulidad impedirán a la ONPE que declare un ganador, pues solo puede hacerlo cuando no quede nada pendiente en el JNE.

Lo que se resuelva afectará este proceso electoral y creará jurisprudencia para futuras contiendas electorales. Así, si cualquiera de las nulidades pasa, otros seguirán el ejemplo en futuros procesos electorales, lo que volverá incierto todo.

Futuros perdedores podrían buscar el mismo tipo de nulidades en mesas de sufragio que no les favorezca. Además, nunca antes se había planteado revisar la labor de los miembros de mesa que colaboran de forma gratuita y voluntaria para garantizar y contar los votos de los electores.

Denuncian a los estudios de abogados

El grupo parlamentario Frente Amplio presentó una solicitud a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que se investigue un presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas, por parte de diversos grandes estudios de abogados de Lima.

La denuncia se sustenta en diversa información que ha circulado en redes sociales, que involucra a diversos estudios de abogados brindando soporte técnico y de personal para que Fuerza Popular pueda sustentar y presentar los recursos de nulidad de más de 200.000 votos a nivel nacional.

La denuncia señala que las empresas jurídicas, como un estudio de abogados, están prohibidas de financiar a un partido político.

Con información de La República.

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