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Controlaría realizó 349 informes de control en Junín durante el periodo de pandemia

El Informe de Gestión del Control Gubernamental en la Emergencia Sanitaria que presentó la Contraloría General hace unas semanas ha revelado que el Perú fue uno de los primeros países de la región en decretar el Estado de Emergencia Sanitaria y disponer un plan de acción para contener la expansión del virus y promover la reactivación económica, destinando al 14 de julio un promedio de S/ 91 000 millones para su implementación.

Para ello, el Estado elaboró un marco normativo que flexibiliza la adquisición de bienes y la contratación de servicios, y dispuso la entrega de bonos y ayudas sociales a sectores vulnerables, por más de S/ 6000 millones, fondos que deberían ser supervisadas para el correcto usos de esos fondos en favor de la población más desposeída. Es así que la CGR, diseñó la Estrategia Integral de Control a la Emergencia Sanitaria COVID-19 para supervisar a las entidades receptoras de recursos públicos durante la emergencia, y prevenir posibles riesgos de corrupción en la ejecución de los mismos, ya que el 2019 el país perdió más de S/ 23 000 millones.

Frente a estos antecedentes que sufre nuestro país a nivel nacional, regional y local la Contraloría General de la República, elaboró un plan integral en seis ejes: La importancia del control gubernamental durante emergencias, importancia de la tecnología en la transparencia y rendición de cuentas, inicio del control posterior (para hallar a los posibles responsables en materia administrativa, civil y penal), modificación de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado, expansión de la aplicación del control concurrente a toda obra, bienes y servicios a nivel nacional y el fortalecimiento de la capacidad de los gestores públicos, donde los ciudadanos son los llamados ser los vigilantes de los recursos.

Sin embargo, frente a las acciones emprendidas por el Gobierno Central en destinar presupuestos para afrontar la lucha contra la Covid-19, desde que empezó la emergencia sanitaria en el país, ha merecido que el ente fiscalizador adopte medidas y acciones de control para evitar que las canastas familiares, los fondos de Reactiva Perú, los bonos familiares, el número de muertes de personas con Covid-19 sean materia de control en cada una de las regiones, provincias y distritos del país.

Prueba de ello es que en Junín se realizaron 349 informes de control que se aplicaron en los principales hospitales de la región, en penales, en municipalidades que fueron las responsables de entregar las canastas familiares a las poblaciones más vulnerables que fueron los casos más emblemáticos hallados por los auditores de la Contraloría General de la República.

Ante este panorama se realizará durante el segundo semestre de este año, 11 servicios de control posterior, entre auditorías de cumplimiento y servicios de control específico, en entidades públicas de la región, para determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles y/o penales por presuntos casos de inconducta funcional o irregularidades cometidas por funcionarios públicos.

Dichos servicios de control posterior se llevarán a cabo de acuerdo a la programación anual de la Gerencia Regional de Control. Algunos estarán relacionados a la emergencia sanitaria COVID-19, puesto que el informe de gestión “El control en tiempos del COVID-19” detalla las principales acciones, resultados y lecciones aprendidas del control gubernamental durante el estado de emergencia sanitaria por coronavirus.

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